Crónica de las Elecciones Federales 2018

Discurso de la Magistrada Janine Otálora en la premiación del concurso de ensayo

Wed, 14 Nov 2018 00:00:00 GMT

Discurso de la Magistrada Janine Otálora en la premiación del concurso de ensayo

Buenas tardes.

Es para mí un gran gusto estar hoy con ustedes en la Premiación del Concurso de Ensayo jurídico-político “Crónica de las Elecciones Federales 2018”.

Primero quiero reconocer y felicitar al equipo académico del Instituto de Investigaciones Jurídicas por la iniciativa y realización del proyecto de la crónica. Por primera vez en la historia electoral de nuestro país contamos con una herramienta que dio seguimiento puntual a todas las etapas del proceso federal electoral de 2018.

Fue este un ejercicio de observación electoral, fundamental para el funcionamiento de nuestra democracia, del sistema electoral y de las autoridades que lo integramos.

Observación electoral

Efectivamente, los observadores permiten dar a conocer, a nivel nacional e internacional, si un proceso electivo se desarrolló conforme a los principios y estándares democráticos, o si por el contrario se trató solamente de una simulación.

Contribuyen a evaluar un proceso electoral y la conducta seguida por los actores políticos, los militantes partidistas, las autoridades e instituciones electorales, a la luz de las reglas democráticas establecidas por la legislación nacional y los tratados internacionales.

Los observadores nacionales son testigos de calidad que representan a la sociedad civil y, a su vez, los observadores internacionales son testigos de calidad que representan a la comunidad internacional, para supervisar juntos si, en un determinado país, la democracia está avanzando o si, por el contrario, está retrocediendo.

Además, analizan todo el proceso electoral —y no sólo el día de la jornada comicial— para verificar que previamente se hayan establecido condiciones de equidad entre los participantes y que se hayan respetado, en todo momento, los derechos y las libertades tanto de los contendientes, como de la ciudadanía.

Cumplen funciones fundamentales y realizan también destacadas contribuciones sociales, al generar confianza en el electorado y al ayudar a elevar los márgenes de legitimidad y credibilidad en los comicios.

La observación electoral fue de gran importancia para México en este 2018, en el que se celebraron las elecciones federales y concurrentes más grandes y complejas de nuestra historia.

Efectivamente, situaciones comiciales complejas, como el número de cargos que estuvieron en disputa, el número de casillas que se abrieron y de ciudadanos que participaron, así como las nuevas figuras de la competencia electoral, tales como las candidaturas independientes, la fiscalización y la reelección, pusieron a prueba a nuestra democracia y a las instituciones electorales.

En este contexto, la opinión experta e imparcial de los observadores es crucial, ya que nos permite detectar los aciertos y las mejores prácticas que hay que replicar, así como los puntos donde hay que poner mayor atención para próximos comicios.

La participación de los observadores electorales es fundamental para que hoy en día la democracia de México funcione y funcione bien.

Y aunque nos ayudan a pensar y a analizar nuestra democracia, también es importante reflexionar sobre la propia función de la observación electoral, con el fin de reforzar y mejorar permanentemente este mecanismo democrático de supervisión.

Sin duda, el proyecto de la “Crónica Electoral 2018” fue de la mayor trascendencia, porque nos ayudará a pensar más detalladamente sobre la función de la observación electoral; es decir, sobre sus principios, sus objetivos, sus enfoques y su metodología.

También nos permitirá analizar sus oportunidades, sus limitaciones y sus desafíos en el presente, entre ellos su relación con las nuevas tecnologías de la información y la comunicación.

Aquí quiero señalar que uno de sus mayores aciertos fue colocar la mirada de la ciudadanía y de la comunidad electoral sobre todo aquello que sucede en los comicios. Esta mirada debe permanecer atenta todo el tiempo, incluso posterior debe mantenerse atenta para una evaluación de estos procesos electorales.

En especial me parece relevante y destacable que se haya involucrado a las y los jóvenes, justamente a través de este concurso de ensayo. Que nuestra juventud participe en los ejercicios de observación electoral, que estudie, analice y evalúe el desarrollo de los comicios y el desempeño de las autoridades, es fundamental para el fortalecimiento de la sociedad civil.

En ese sentido, sabemos que la democracia es más que un sistema electivo y que representa un modo de vida. De esta manera, la observación electoral debe ir más allá y ser una observación democrática que permanentemente vigile que las autoridades rindan cuentas de sus acciones a la ciudadanía, que las mayorías políticas no cancelen los derechos de las minorías, que se respeten los derechos humanos, particularmente la libertad de expresión y de prensa, por su importancia en la formación de una opinión pública, sin la cual no hay democracia posible.

La observación electoral, este ejercicio en el que participaron ustedes, son el punto de partida para la realización de evaluaciones, análisis y estudios de lo ocurrido en estos procesos electorales.

Balance del proceso electoral

Por ello, quiero hacer aquí un balance del funcionamiento de nuestro sistema electoral.

Definitivamente, en términos generales, es un balance positivo. A lo largo de los años hemos logrado la construcción de un sistema complejo, capaz de hacer frente a la tarea de la organización simultanea de la elección de más de 18 mil cargos, y de hacerlo sin errores ni contratiempos significativos.

La participación ciudadana en esta jornada electoral es un elemento que nos permite una evaluación positiva de estos comicios. Más de 56 millones de personas han votado el domingo primero de julio, muchas de ellas después de haber esperado en largas filas para poder marcar su boleta, y 96 mil de ellas enviaron su voto desde el extranjero. Más de 900 mil personas trabajaron largas horas como funcionarios de casilla, responsables por su instalación, recepción y cómputo de los votos. Otros 2 millones 700 mil participaron como representantes ante las casillas y alrededor de 30 mil como observadores electorales. Gracias a todos ellos, a su trabajo y dedicación, hemos superado esta prueba democrática.

Asimismo, a pesar del reto organizativo que implicaban estos comicios tan grandes, gracias al arduo trabajo de las autoridades electorales y la ciudadanía, se logró la instalación de prácticamente todas las casillas en el territorio nacional.

Así que, es de reconocer la disposición y la labor de las autoridades electorales administrativas, el Instituto Nacional Electoral y los organismos públicos locales, quienes, durante meses, trabajaron para lograr condiciones adecuadas en aras del desarrollo de estos comicios. También destaca que, en términos generales, la jornada electoral transcurrió en un ambiente de paz, tranquilidad y civilidad, condiciones necesarias para el libre ejercicio del voto.

A su vez, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, a través de sus salas regionales y de la Sala Superior, trabajó para garantizar que todas y cada una de las etapas del proceso se desarrollaran con apego a los principios constitucionales de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad y objetividad. En particular, nuestra labor estuvo encaminada a salvaguardar los derechos político-electorales de todas las personas, y de asegurar la certeza y la seguridad de la decisión democrática expresada por el sufragio popular, ya que en una democracia es la ciudadanía y únicamente la ciudadanía la que, a través del voto, define a sus gobernantes.

Lo hemos hecho a través de la resolución de más de 18 mil medios de impugnación que fueron sometidos al conocimiento de las salas de este Tribunal en relación con diversos aspectos de los procesos electorales, tanto federal como locales. Lo seguimos haciendo, atendiendo las impugnaciones que siguen llegando, que tienen que ver, predominantemente, con los resultados de las elecciones locales.

Todas las demandas presentadas las resolvimos en tiempo y forma, con pleno apego a Derecho, protegiendo los principios constitucionales y los valores democráticos. En especial, hemos contribuido a través de los criterios en materia de la libertad de expresión, derechos de pueblos y comunidades indígenas, paridad de género, los alcances del derecho a la identidad personal, así como de las prerrogativas inherentes a la ciudadanía mexicana, me parece que podemos asegurar que hoy tenemos más libertad, más igualdad y más ciudadanía.

Nos hemos asegurado de que, en todas y cada una de las etapas del proceso electoral:

prevalecieron los principios rectores de la función estatal electoral, de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad y objetividad;
se respetaron los derechos fundamentales en materia electoral: a votar y ser votado, el de acceso de las y los ciudadanos a cargos públicos en condiciones de igualdad; el de maximización de la libertad de expresión, así como el de derecho a la información en el debate público que precede a las elecciones;
se respetaron los principios que son fundamento de todo ejercicio comicial democrático: el de elecciones libres, auténticas y periódicas; así como las características básicas del de sufragio, que debe ser universal, libre, secreto y directo; y
se garantizó e hizo efectivo el derecho a la tutela judicial efectiva en materia electoral, a través de la resolución oportuna y apegada de Derecho de las controversias que se presentaron a lo largo de estos meses.

En suma, con las decisiones tomadas a lo largo de estos meses, el Tribunal contribuyó a fortalecer la confianza en nuestras decisiones y la legitimidad de las autoridades electas por la ciudadanía este 1 de julio. Insisto en que este proceso todavía no termina, que hasta fin de año vamos a estar resolviendo las impugnaciones relacionadas con las elecciones locales, de gubernaturas, legislaturas y ayuntamientos, y que en todos ellos vamos a garantizar que cada voto cuente y que prevalezca la voluntad ciudadana.

Criterios relevantes

En este proceso hemos otorgado la voz y la posibilidad de participación política a personas privadas de ella. Hemos ensanchado este derecho para las y los mexicanos por naturalización o aquellos que tienen otra nacionalidad, permitiéndoles ser funcionarios de mesas directivas de casilla, postularse para ser consejeros en un organismo público local electoral y ser candidatos a algún cargo de elección en los ayuntamientos en el Estado de Quintana Roo. Con estos precedentes hemos interpretado nuestras normas en conformidad con los criterios de convencionalidad.

Uno de los asuntos más interesantes de este proceso y que, personalmente, me parece de gran relevancia, tuvo que ver con los registros de candidaturas de las personas transgénero y el cumplimiento de la paridad. Los cuestionamientos que surgieron a partir de registros de algunas candidaturas en el ámbito municipal en Oaxaca reflejaban la preocupación por la posible manipulación o incumplimiento a cabalidad con el principio constitucional, quitando espacios a las mujeres. De ahí que pugnaban por negar este derecho, o bien, exigir pruebas de cambio de sexo realizado por las personas que pretendan ser postuladas como género distinto al legalmente reconocido. Por supuesto, un dilema de esta naturaleza no fue previsto por la normativa electoral.

Al respecto, el Tribunal Electoral estableció que la manifestación de pertenencia a un género es suficiente para justificar la auto-adscripción de una persona, por lo que ninguna autoridad está facultada para solicitar prueba alguna. Sin embargo, dada la obligación del Estado de proteger la paridad entre hombres y mujeres en la postulación de las candidaturas, consideró que debe evitarse una simulación en la manifestación de género o de la auto-adscripción. Por ello —sostuvo— las autoridades electorales deben hacerse cargo de la posibilidad de un mal uso de la autoadscripción, para no permitir que una reivindicación tan importante como la identidad trans se utilice de manera engañosa para cumplir con el principio constitucional de paridad.

Cabe señalar que el principio de autoadscripción es aplicable también a los integrantes de las comunidades indígenas, a quienes es suficiente declarar la pertenencia para recibir el trato preferencial de la justicia electoral. La única excepción para la cual el TEPJF aprobó la autoadscripción calificada es la postulación de candidatos indígenas en los 13 distritos electorales definidos por la Sala Superior, con el objetivo de garantizar la autenticidad de estas postulaciones.

Esta decisión contribuyó a fortalecer la representación efectiva de las comunidades indígenas en 13 distritos electorales federales, en los que la población indígena es mayor al 60%. Ojalá más adelante podamos contar con estudios detallados que analicen cómo se dio cumplimiento a la cuota indígena y que efectos se han producido a partir de la misma para las comunidades, partidos políticos y el órgano legislativo.

En cuanto a la población indígena, emitimos otro criterio relevante, en el que la Sala Superior garantizó el derecho de las personas indígenas desplazadas de su comunidad de origen y que vivían en un campamento temporal de poder votar en las elecciones federales y locales. Ante la falta de respuesta del INE a la solicitud realizada por esas personas, hemos indicado que el Instituto debía verificar si estas personas cumplían con los requisitos para votar y, de ser así, le indicamos que debe instalar casillas especiales para atender a esa población.

También hemos trabajado para garantizar la representación política de las mujeres. En aras de dar mayor efectividad al principio constitucional de paridad de género, partiendo de que la reelección es una modalidad del derecho humano a ser votado, hemos determinado que éste debe armonizarse con la paridad, para que la participación de las mujeres no se vea mermada so pretexto de la reelección de los varones. Para ello, un partido político debe, en primer lugar, definir a qué personas pretende postular de nueva cuenta, y acomodar las candidaturas restantes en función de esta decisión, respetando las reglas de paridad.

También, confirmamos el criterio del INE consistente en que la lista de candidaturas a senadurías de representación proporcional, así como al menos 3 de las 5 listas de candidaturas a diputaciones, deben ser encabezadas por fórmulas de mujeres. Estas decisiones permitieron que ambas Cámaras del Congreso de la Unión estén hoy integradas de manera paritaria.

Con el mismo compromiso hacia la igualdad y paridad, establecimos que los partidos políticos que no tengan ya mujeres en sus listas, por cualquier razón, no tendrán derecho a que se les asignen curules por el principio de representación proporcional, para evitar el fraude a la ley con renuncias colectivas de mujeres, una vez votadas.

También determinamos que los funcionarios sancionados por violencia política de género, con sentencia definitiva incumplida, no pueden ser candidatos a la reelección.

Asimismo, en aras de proteger y fortalecer los derechos políticos de las personas con discapacidad, resolvimos que en la integración de los órganos políticos se debe garantizar la inclusión de estos candidatos, para que este grupo vulnerable tenga una representación real.

En el ámbito de la reparación integral del daño hemos definido el procedimiento tratándose de discriminación o violencia política de género.

Finalmente, en materia de candidaturas independientes, podemos destacar la reducción del porcentaje de apoyos ciudadanos y ampliación de plazo para obtenerlos en caso de la elección municipal de Puebla; validación del uso de una aplicación móvil para recolectar los apoyos exigidos por la ley, con la aceptación de un régimen de excepción para los municipios con bajo acceso a los servicios de telefonía móvil; o elevación los montos máximos de financiamiento para las candidaturas independientes, de tal suerte que, juntando estas aportaciones con el financiamiento público, pudieran alcanzar el tope de gastos de campaña y, con ello, poder desplegar campañas en mejores condiciones frente a los partidos políticos.

Con todas estas decisiones el Tribunal Electoral ha contribuido a la celebración pacífica de los comicios, y, aún más importante, a la protección de los derechos de todas y todos, y a la eliminación de los elementos que impedían a algunas personas o grupos sociales participar en la política de manera efectiva y en condiciones de igualdad.

Problemáticas del proceso electoral

Como las demandas presentadas ante las salas abarcaron todo tipo de actividades realizadas durante la etapa preparatoria, jornada electoral y el cómputo de resultados, tanto por las autoridades, como por los actores políticos, partidos y candidatos, tanto en las elecciones federales como locales, me parece que estas reflejan algunos aspectos interesantes, así como ciertas problemáticas de nuestro sistema electoral y quiero compartir con ustedes estas primeras reflexiones.

Definitivamente, desde la justicia electoral, podemos decir que el problema principal de nuestro sistema es que la multiplicidad de reglas que pretenden garantizar un control fuerte sobre el desarrollo de los procesos comiciales, atajando cualquier resquicio de incertidumbre o posible irregularidad, no termina de convencer a la ciudadanía y a algunos actores políticos.

Nos hemos enfrentado con un problema no previsto y con una dinámica no esperada: las reglas creadas para eliminar la desconfianza no solo no lograron hacerlo del todo, sino que, en ocasiones, quizá debido a su alta complejidad, contribuyen a generar dudas, cuestionamientos y confusión. Las tendencias reveladas en las encuestas de los últimos años reflejaban desconfianza de la ciudadanía en las instituciones del Estado en general, y con las autoridades electorales en particular. Estos datos parecían indicar que la complejidad de nuestras regulaciones no ha contribuido a consolidar un sistema confiable y legítimo, que sigue dependiendo demasiado en el resultado de los comicios para la generación de los índices de credibilidad de las instituciones electorales.

Por otro lado, a pesar de lo detallado que resulta nuestro sistema, aún hay cuestiones o problemáticas que se escapan de la regulación. Los procesos electorales de 2018 están demostrando también que están pendientes algunos temas, o bien, que la regulación de tantos otros no es la más apta.

Así, la nacionalización de ciertas funciones de organización electoral realizada por la reforma, pero en un contexto de alta heterogeneidad de las regulaciones estatales en la materia, generó problemáticas importantes de operación para el INE y los organismos públicos locales electorales (Oples). Para lograr el óptimo desarrollo de los procesos, el propio Instituto emitió un acuerdo para homologar algunos de los plazos más importantes; sin embargo, esta ruta no es la más idónea y quizá nos invita a reflexionar sobre los alcances que debiera tener la nacionalización de la función electoral.

Asimismo, quiero destacar las fallas en el diseño derivadas de la falta de adecuación de algunas reglas específicas a las innovaciones introducidas por la reforma. Tal fue el caso del funcionamiento de la casilla única, así como de la manera de efectuar con celeridad el escritunio y cómputo de las distintas elecciones. La coexistencia de reglas nuevas (casilla única) en un marco normativo que permaneció inalterado (escrutinio y cómputo), generó desencuentros interpretativos y, con ello, no se abonó en la generación de confianza ciudadana.

Igualmente, es necesaria una profunda reflexión sobre la viabilidad de la concurrencia de las elecciones. Me parece que esta no abona a la certeza en la etapa de resultados, ya que los plazos de resolución se concentran en los mismos momentos, dificultando la labor de las y los juzgadores. A modo de ejemplo, diré que hemos revisado más de 30 modelos jurídicos de representación proporcional en un periodo menor a dos meses.

Así, en el ámbito de las entidades federativas, se deberán establecer plazos límite para que los tribunales electorales resuelvan las impugnaciones de su competencia en tiempos razonables, que permitan la revisión de sus decisiones por las instancias superiores. La dilación en el dictado de las sentencias a nivel local obstruye el acceso a la justicia, ya que implica que la instancia federal resuelva en plazos extremadamente breves.

También la participación de las candidaturas independientes en este proceso generó muchos cuestionamientos y un alto número impugnaciones. Una cantidad importante de los asuntos recibidos por las salas del TEPJF en relación con los procesos electorales de 2018 están vinculados con esta modalidad de postulación. Cabe señalar que los asuntos abarcaron prácticamente todos los aspectos de la postulación de las candidaturas independientes, desde requisitos, proceso de consecución de apoyo ciudadano, validación de estos apoyos, financiamiento de sus actividades o fiscalización de los recursos erogados.

Parece ser que el origen de esta problemática reside en una inserción artificial de las candidaturas independientes en un modelo diseñado para fortalecer la participación exclusiva de los partidos políticos, lo que ha generado incompatibilidad de diversas normas y necesidad de un control judicial intenso. Queda claro que es necesario analizar el modelo de postulaciones que tenemos, para generar condiciones de equidad entre las personas postuladas con el apoyo de los partidos y sin este, para que las autoridades no nos veamos obligadas a as declaraciones de inconstitucionalidad de las normas, en aras de disminuir las desventajas de los independientes.

Otro tema que ha sido relevante durante este proceso electoral y que necesitó interpretación jurisdiccional es la compatibilidad de la posibilidad de reelección frente a la obligación de cumplimiento con el principio constitucional de paridad. En relación con el registro de candidaturas a cargos legislativos estatales y municipales se han presentado diversas impugnaciones que cuestionaban la posibilidad de empatar estos dos elementos y, en especial, señalaban que la exigencia de paridad afecta el derecho a la reelección.

Posibles reformas electorales

Me parece que, a pesar de estas problemáticas, a lo largo de estos meses, las autoridades electorales, administrativas, jurisdiccionales y penales hemos estado a la altura del desafío. Hemos trabajado con dedicación y pasión, siempre con pleno apego a Derecho, con independencia e imparcialidad, para organizar los comicios y garantizar las condiciones en los que la ciudadanía pudiera ejercer el sufragio libre e informado.

Estoy convencida que estos procesos han demostrado la fortaleza de la democracia mexicana y fueron un paso más en su consolidación.

Por supuesto, estas son solo las primeras impresiones y esbozos de análisis más profundos y complejos que tendremos que llevar a cabo una vez concluyan todas las etapas del proceso electoral. Este ejercicio es y será indispensable para mejorar nuestros procesos, elevar la calidad de las elecciones y, con ello, fortalecer la legitimidad de nuestra democracia y de las autoridades electas.

Es posible que las reflexiones que estamos realizando nos lleven a determinar que es necesario llevar a cabo una nueva reforma electoral, para atender estas problemáticas e imperfecciones. En efecto, parece ser que nuestro sistema electoral podría beneficiarse de una reforma que atienda algunas problemáticas específicas, eliminando ciertas complejidades innecesarias y fortaleciendo el ejercicio de derechos.

Asimismo, tal como lo señalé ayer, al rendir el informe de labores del Tribunal Electoral ante la Suprema Corte de Justica de la Nación, es necesario reflexionar sobre nuestro ciclo electoral –proceso, diagnóstico, reforma– en el que la mayoría de los cambios legislativos ocurridos hasta la fecha han sido resultado directo de los procesos comiciales que los precedieron.

De ahí que sea clave ajustar la ruta de las reformas. Cualquier cambio debe ser analizado a detalle, ponderando sus posibles consecuencias, tanto positivas como negativas, en el desarrollo de los procesos electorales, y tomando en cuenta voces plurales, desde la academia, hasta los actores políticos, la ciudadanía, y, por supuesto, las autoridades electorales.

Únicamente un cambio de esta naturaleza podrá erradicar los problemas que aún tenemos y fortalecer la confianza ciudadana en las elecciones y sus resultados.

No quiero concluir sin reiterar mi felicitación a los organizadores y participantes de este proyecto “Crónica electoral 2018” y, en especial, a los ganadores del concurso de ensayo. A través de este ejercicio, parte del mecanismo democrático elemental, contribuyen a la preservación de elecciones auténticas, en las que se ejerza el derecho al sufragio universal, libre, directo y secreto, fundamento de nuestra democracia.

Muchas gracias.

El derecho de acceso a la información en la elección presidencial de México 2018. Segundo lugar concurso de ensayo.

Wed, 14 Nov 2018 00:00:00 GMT

El derecho de acceso a la información en la elección presidencial de México 2018. Segundo lugar concurso de ensayo.

El derecho de acceso a la información en la elección presidencial de México 2018

Seudónimo: Han Ren

Las elecciones mexicanas del pasado 1 de julio sin duda fueron un hito para la democracia mexicana. La cantidad y diversidad de los cargos en disputa, así como las innovaciones en el proceso electoral, demuestran la incesante evolución en la todavía joven democracia de México. Saavedra Lladó y Jiménez Sánchez, por ejemplo, realizan un breve recorrido de este ciclo electoral y exponen algunas ideas sumamente relevantes. Primero, que esta elección es la más grande en la historia de México, al involucrar a la mayor cantidad de votantes y cargos a elegir. Como ellos mencionan, “Hay 18,299 puestos de elección popular que se jugarán mañana, 629 federales (1 Presidencia, 500 Diputaciones, 128 Senadurías) y 17,670 a nivel local (1,596 Presidencias Municipales, 972 Diputaciones, 16 Alcaldías en la Ciudad de México, 8 Gubernaturas y 1 Jefatura de Gobierno, 1,237 Concejalías, 1,664 Sindicaturas, 12,013 Regidurías, 19 Regidurías étnicas, 24 Presidencias de juntas municipales, 24 Sindicaturas de juntas municipales y 96 Regidurías de juntas municipales).” En cuanto al número de electores, en la Figura 1 disponible en el Anexo se podrá ver la distribución de los votantes con relación a su edad, destacando “…que 14,623,947 ciudadanos en el Padrón Electoral tienen entre 18 y 24 años cumplidos al 1 de julio, de los cuales 14,576,286 se encuentran en la lista nominal y la gran mayoría de ellos ejercerán su voto por primera vez.”

De igual forma, esta elección ha sido sumamente relevante a nivel cualitativo. Empezando por el nuevo concepto de candidaturas independientes, pasando por la entrada de la reelección en diversos cargos, y hasta llegar a la evolución de los debates en cuanto a su contenido y logística, este proceso electoral sin duda ha tenido una amplia cantidad de novedades en todos los planos.

Sin embargo, es inevitable pensar que todas estas características presentadas del proceso electoral mexicano generan algunas problemáticas, particularmente a los órganos reguladores y jurisdiccionales de la materia. Así, la fiscalización se vuelve mucho más compleja por la cantidad de actores políticos involucrados. De igual forma, las nuevas figuras legales como los candidatos independientes, así como los diversos ámbitos abarcados por estos órganos, tales como candidaturas indígenas o la paridad de género, ha fomentado un aumento de acciones por parte del Instituto Nacional Electoral (INE) y del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).

Ante esta compleja realidad institucional que se presenta en México, el proceso electoral de este año estuvo marcado por la cantidad de información generada por las autoridades electorales. Lo que este ensayo pretende demostrar es la utilidad del derecho de acceso a la información y la necesidad de fortalecerlo para así poder asegurar el cumplimiento de genuinas elecciones democráticas. Particularmente para este proceso electoral, el derecho de acceso a la información se fue vuelve un elemento clave para asegurar que las elecciones cumplieran con los mejores estándares de calidad. Esto se debe a que, como se expuso anteriormente, la diversidad de actores involucrados, temáticas a analizar, y funciones de los órganos electorales generó una cantidad inusitada de información para este proceso electoral. El poder asegurar el derecho de acceso a, por ejemplo, sentencias del TEPJF y a resoluciones del INE, permite a la ciudadanía exigir a las autoridades electorales con pleno conocimiento de la situación, aseguran así que el proceso electoral sea libre y justo.

Susana Pedroza articula de manera similar estas ideas al relacionar el proceso electoral con la transparencia y la corrupción junto con sus implicaciones para la democracia. De acuerdo con ella, “En este contexto -de las elecciones de 2018-, es en el que se inscribe el derecho a la información de las personas. Aquí es en donde hace su aparición, no como un simple derecho de acceso a la información, sino entendido éste como el más amplio del derecho a la expresión, a recibir información, situación sustancial y técnicamente distinta.” De igual forma, reitera que “…en los procesos electorales el derecho humano a la información es fundamental, ya que en la medida en que se transparenten no sólo los mecanismos y los procedimientos institucionales de la contienda, sino los antecedentes y los propósitos de las y los candidatos es como se logrará obtener del electorado el llamado voto informado.” Por tanto, de acuerdo con su visión, el derecho de acceso a la información sirve como para asegurar un correcto proceso electoral a nivel instrumental, así como para que se puede ejercer un voto informado que fortalezca a nivel sustantivo la democracia en el país.

A pesar de la descripción anterior, la conceptualización del derecho de acceso a la información, así como sus implicaciones en procesos electorales democráticos, es difusa. Nosotros utilizaremos dos herramientas para entender de mejor como este derecho tiene relación con la democracia y sus respectivas vertientes en el proceso electoral. La primera herramienta que utilizaremos será el desarrollo y los estudios realizados por la Organización de Estados Americanos (OEA), específicamente la Comisión de Asuntos Jurídicos y Políticos, sobre como se debe de entender la relación entre el derecho de acceso a la información y la democracia en su totalidad. Sin duda, esta visión propuesta por la OEA sobre la implicación democrática de este derecho es fácilmente trasladable al contexto mexicano. Esta es la razón por la cual se eligió la conceptualización del derecho de acceso a la información por parte de esta organización y no otra, puesto que asumimos que este foro regional americano provee la visión más aplicable a los procesos electorales mexicanos.

La segunda herramienta que utilizaremos estará más relacionada con el proceso electoral en sí. Utilizaremos los diferentes criterios de evaluación de procesos electorales que utilizan los observadores internacionales de elecciones para asegurarse que el proceso se de un ambiente político electoral sano. A partir de este diagnostico veremos como el derecho de acceso a la información afecta distintas fases del ciclo electoral y, por lo tanto, adquiere una relevancia mayor.

La CAJP ha desarrollado la relación entre el derecho de acceso a la información con la democracia a través de dos vertientes. Primero, la Comisión entiende que el derecho de acceso a la información es un derecho humano en sí mismo. Esto sigue una lógica similar a la de la Constitución mexicana, ya que reconoce en su artículo 6º este mismo derecho. Dentro de la lógica de los derechos humanos, su respeto es vital para lograr una sana democracia. Como Susana Pedroza afirma, “una democracia en la que no se respetan los derechos humanos no puede entenderse como democracia, son su columna vertebral, la médula de un Estado de Derecho, es tanto como pretender asumir un orden jurídico sin derechos humanos, lo cual sería una aberración jurídica sólo pensarla.” Esto implica la necesidad de respetar el derecho de acceso a la información como elemento del régimen de derechos humanos en general.

No obstante, la CAJP también tiene otra vertiente del derecho mencionado y que tiene mayor relación con el proceso electoral que se dio el primero de julio. Esto es la faceta instrumental del derecho de acceso a la información, siendo un derecho democrático y de gobernabilidad. De acuerdo con el estudio de la Comisión, el derecho de acceso a la información conceptualizado de esta manera implica que tiene incidencia en ciertos aspectos específicos, tales como la transparencia, rendición de cuentas y lucha contra la corrupción, la legitimidad y confianza en el gobierno, y la eficiencia en la administración pública.

La Asamblea General de la OEA también se ha pronunciado respecto a la relación entre el derecho de acceso a la información pública y la democracia, incluyendo el tema de administración de los recursos públicos y su debida transparencia. En la resolución AG/RES. 1932 (XXXIII-O/03) se establece “…el acceso a la información pública es un requisito indispensable para el funcionamiento mismo de la democracia, una mayor transparencia y una buena gestión pública, y que en un sistema democrático representativo y participativo, la ciudadanía ejerce sus derechos constitucionales de participación política, votación, educación y asociación, entre otros, a través de una amplia libertad de expresión y de un libre acceso a la información…” Como podemos ver, la Asamblea General sigue la línea de pensamiento de Pedroza que establecimos anteriormente. El derecho de acceso a la información debe de servir para asegurar que el proceso electoral sea limpio y que la ciudadanía ejerza un voto informado.

Para ejemplificar lo anterior, Claudia Hernández provee un ejemplo sumamente relevante. De acuerdo con ella, “El buen funcionamiento de cualquier democracia parlamentaria depende del flujo eficiente y multidireccional de la información. Sin la información la democracia en cualquiera de sus formas no podría existir. Los ciudadanos necesitan tener información antes de tomar la decisión sobre quien los representará, los representantes a su vez necesitan información para adoptar sus decisiones…” Es por eso por lo que ella aboga para que el uso de la tecnología por parte de los parlamentarios ayude a ser más eficiente y transparente en la comunicación de la información por de la ciudadanía, y que estas a su vez pueden votar con vasta información sobre su continuidad o cambio.

Igualmente tenemos el Estudio Especial sobre el Derecho de Acceso a la Información por parte de la Relatoría Especial de Libertad de Expresión de la OEA, en donde se describe a la información “…como “oxígeno de la democracia”, cuya importancia se vislumbra en diferentes niveles. Fundamentalmente la democracia consiste en la habilidad de los individuos de participar efectivamente en la toma de decisiones que los afecten. Esta participación depende de la información con la que se cuente.” Con estas últimas ideas relativas al derecho de acceso a la información, podemos ver que el voto informado es directamente relacionado con este derecho, lo que lleva a que sus implicaciones democráticas sean relevantes.

Dentro de las características mencionadas por la Comisión donde tiene incidencia el derecho de acceso a la información entendido como un derecho democrático y de gobernabilidad es la legitimidad y confianza en el gobierno. El caso mexicano, en este punto, es altamente relevante ya que, como veremos, el país enfrentaba este proceso electoral con expectativas muy bajas en cuanto a su legitimidad y transparencia. En las Figuras 2 a 5 incorporadas en el Anexo, se muestran las diferentes percepciones sobre la democracia de acuerdo con el Latinobarómetro del año 2017. Del año 2016 a 2017, el apoyo a la democracia en México disminuyó hasta once puntos porcentuales, siendo el país con mayor disminución en toda la región latinoamericana. De igual forma, es el país que menos considera que la democracia es el mejor sistema de gobierno, con únicamente 54% de los encuestados estando de acuerdo con esa afirmación. Por otra parte, la creencia de que México es una democracia plena es de 2% de los encuestados, únicamente por arriba de Brasil en este rubro. Y finalmente, en una escala de 1 al 10, México calificó a su democracia con 4.7, por encima de El Salvador y Brasil.

Pippa Norris, en uno de sus más recientes ensayos, considera que la satisfacción con la democracia se refleja en la calidad de sus principales instituciones y procedimientos, incluyendo los estándares de integridad electoral. “Elecciones libres y justas, que cumplan con los estándares internacionales de elecciones integridad y que conducen a la transferencia ordenada y pacífica de poder, son por lo tanto, más probables que fortalezcan las evaluaciones públicas de la democracia en cuanto a su rendimiento en general.” Dentro de los resultados del modelo que él desarrolla, se incluye que de acuerdo con el índice de integridad electoral propuesto se puede comprobar que el aspecto que más determina la satisfacción de la gente con la democracia es la integridad de su proceso electoral.

Por lo tanto, y trasladándolo al caso mexicano, el proceso electoral de este año requería de limpieza e integridad para poder así otorgarle legitimidad y confianza. Además, la misma naturaleza del proceso augura problemas respecto a la integridad electoral. Irma Méndez de Hoyos explica ampliamente qué es la integridad electoral y como esta impide las malas prácticas electorales. Respecto a estas, ella comenta que:

El contexto de competitividad política, la fragilidad de la fiscalización de los recursos de los partidos y la débil sanción social hacia las malas prácticas electorales, no permiten ser optimistas respecto a la presencia de este tipo de prácticas en las elecciones de 2018. Al ser una elección tan amplia y compleja por la enorme cantidad e importancia de los puestos en disputa, cerca de 3400, es difícil no advertir que los partidos y candidatos harán hasta lo imposible por ganar, y por ello estarán dispuestos a echar mano de malas prácticas como el uso (simulado) de recursos públicos para sobornar a votantes o coaccionarlos para moldear su preferencia electoral, entre muchas otras.

Nosotros argumentamos que para lograr lo anterior es plenamente necesario un fortalecimiento del derecho de acceso a la información. Como veremos, al analizar la incidencia del derecho mencionado en las diferentes fases del ciclo electoral, encontramos que este derecho ayuda a inhibir diversas prácticas que atentan contra la integridad electoral.

El Centro Carter, por ejemplo, realizó un diagnóstico de todo el ciclo electoral en sus diferentes fases y determinó en qué partes y de qué manera el derecho de acceso a la información puede influir. Este análisis decide dividir todo el proceso electoral en distintos subprocesos, y expresa que el acceso a la información pública es importante en los siguientes componentes del proceso electoral: administración de la elección, registro de votantes, candidaturas y campaña electoral, medios de comunicación, operaciones relacionadas con la votación (aunque en este solo se haga referencia a una transparencia general), conteo y tabulación de votos, y resolución de conflictos electorales.

Dentro de la fase de administración de la elección el derecho de acceso a la información influye en dos aspectos. Primero, en el acceso a la información y documentos del organismo electoral y, segundo, respecto a la transparencia en las adquisiciones y en la toma de decisiones del organismo electoral.

Respecto al primer punto, el Centro establece que el organismo electoral debe ofrecer a los ciudadanos acceso a la información durante todo el proceso electoral. De igual forma, el Estado tiene la obligación de poner a disposición de la ciudadanía información gubernamental de interés público, esto incluye lo relevante al proceso electoral. Aquí, podríamos argumentar que las autoridades electorales han cumplido de manera efectiva. Como la sección de Crónica en el portal web del proyecto Crónica de las Elecciones Federales 2018 del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM demuestra, la cantidad de información proveída por el INE y el TEPJF sobre este proceso electoral fue cuantiosa, con diversas sentencias y resoluciones que daban espacio al debate y a la discusión.

En lo concerniente al segundo punto, las obligaciones internacionales en la materia establecen que el organismo electoral debe garantizar la transparencia en la toma de decisiones mediante reuniones abiertas, licitaciones públicas y competitivas, la participación ciudadana, y toma de decisiones por mayoría calificada o consenso. Esto claramente fomenta a que las elecciones sean libres y justas, así como ayuda en la transparencia de las actividades gubernamentales, la probidad y la responsabilidad de los gobiernos en la gestión pública. Aquí podemos decir que el desempeño del gobierno para el proceso electoral de este año fue ambivalente.

De manera positiva, la apertura en el proceso de toma de decisiones así como de la distribución de las sentencias ha generado debate en cuanto al rol del TEPJF y su relación con el INE. Santiago Nieto, por ejemplo, comenta sobre la Sala Superior del Tribunal que:

Las decisiones se tomaban en Los Pinos por intereses políticos. La mayoría sólo obedecía. La calidad de las sentencias se fue a pique. La legitimidad también. Académicos, comunicadores, autoridades electorales, políticos, organizaciones de la sociedad civil, volteábamos a ver con preocupación lo que sucedía en Carlota Armero… Argumentos irrisorios que impactaban en el proceso electoral: Cancha pareja, programas sociales, tarjeta rosa, la validez de la elección de Coahuila, el penoso caso de El Bronco, debates en intercampañas, el mecanismo de cómputo de los votos, todas las sentencias parecían escritas por una mano que no sabía gran cosa de la materia electoral y menos aún de la equidad en la contienda. Golpes innecesarios al INE…

De manera negativa, desafortunadamente no existe esta trasparencia por parte de los órganos electorales, principalmente en materia presupuestaria. Mario Guzmán y Montelongo y Celia Mougrabi Cojab realizaron un estudio sobre el costo de la democracia electoral en el ámbito estatal mexicano. Dentro de sus hallazgos principales los autores mencionan, “No fue posible encontrar información presupuestaria de las fiscalías especializadas en delitos electorales, lo cual se traduce en un hallazgo relevante: éstas son las autoridades con los niveles más bajos de transparencia presupuestaria.”

Por otra parte, no solo las fiscalías electorales causaron problemas para los investigadores. También se analizaron los institutos electorales estatales y los tribunales electorales, igualmente con terribles resultados. Para evaluar los institutos electorales estatales, se eligieron como criterios de evaluación si estos organismos tienen un portal web, si este portal contiene una sección de transparencia, si existe información presupuestal completa o incompleta del presupuesto del órgano electoral, o si existe la misma información, pero con respecto al financiamiento público y prerrogativas otorgadas a otros partidos. De una puntuación de 0 a 1, en promedio los institutos electorales estatales obtuvieron 0.217, teniendo puntuaciones de 0.16 en cuanto a los portales web y respecto a su propio presupuesto. En cuanto a los tribunales, se mantienen los mismos criterios a excepción del de financiamiento a partidos. Ellos tuvieron, bajo la misma escala, una puntuación promedio de 0.2875, con una puntuación de 0.16 respecto a la información presupuesta incompleta del presupuesto del Tribunal Electoral.

Respecto al segundo segmento del proceso electoral, el registro de votantes, el derecho de acceso a la información es incidente. El Centro Carter sugiere que los Estados deben de poner la información de interés público a disposición del ciudadano, lo que incluye todo lo relevante al registro de votantes. También, los ciudadanos deben de tener acceso a la información respecto a su inclusión en el registro, tener acceso a un método de corrección de este, así como que el registro debe ser publicitado. Otras obligaciones son que las minorías tengan acceso lingüístico al registro, o que la información del registro sea solamente la necesaria para poder ejercer el voto y que la información no sea utilizada para otros propósitos. De igual forma, el padrón electoral y su elaboración y mantenimiento deben de ser totalmente transparentes. Todas estas obligaciones corresponden al fin último de asegurar que el gobierno ejerza sus atribuciones dentro de sus límites y de manera correcta.

Con relación a las candidaturas y la campaña electoral, las obligaciones señalan que se debe de tener transparencia y acceso a los documentos electorales y que debe de existir divulgación de las finanzas de las campañas.

Enfocándonos en esta última obligación, estas señalan que el financiamiento recibido por un partido político y/o candidato debe divulgarse mediante informes periódicos. Aquí claramente un mayor y mejorado derecho de acceso a la información es necesario. Como bien advierte María Marván, “La reforma electoral de 2014 recortó de manera muy importante los tiempos de fiscalización de la autoridad porque incluyó en la Constitución la anulación de una elección si se exceden los gastos de campaña, se comprueba que a ésta entraron recursos ilícitos o dinero del gobierno. La anulación de una elección debe hacerse antes de la toma de posesión.” Por tanto, los gastos de campaña pueden ser un elemento crucial para la validación de la elección. Más aún, el derecho de acceso a la información es sumamente relevante porque si los reportes de gastos de una campaña ganadora no están presentados en el tiempo establecido, no se debería de poder otorgar la victoria. El derecho de acceso a la información forzaría a que los candidatos presenten a tiempo sus reportes, que estos sean analizados por la opinión pública y los órganos electorales, y así se pueda aplicar la debida sanción de acuerdo con ellos, incluyendo la anulación de la elección.

Pasando ahora a los medios de comunicación, es claro que el derecho de acceso a la información es crucial en este ámbito. Primero, se indica que los medios de comunicación deben de ser pluralistas y balanceados. Esto significa medios que comuniquen información políticamente equilibrada y cuya estructura de propiedad esté debidamente transparentada, todo garantizado por el gobierno. El derecho de acceso a la información incide a través de la garantía de que los medios de información permitirán a la ciudadanía realizar un voto libre e informado. Como menciona Claudia Hernández,

…podemos destacar que independientemente del medio que se utilice para enviar o recibir un mensaje, en los procesos democráticos todos juegan un papel transcendental para captar la atención del electorado y que este a su vez pueda escuchar, ver y leer las diferentes propuestas que las candidaturas plantean en la etapa de las precampañas y campañas electorales.

Asegurar un pleno derecho de acceso a la información permitirá a la ciudadanía a recibir informaciones y opiniones plurales, empoderándolo para verter su voto de manera consciente e informada.

De igual forma, y retomando la faceta instrumental del derecho de acceso a la información, este ayuda a mejorar la gobernabilidad democrática en los procesos electorales y ayuda a asegurar que estos sean limpios y transparentes. Respecto a este punto, es preocupante el caso del gasto en publicidad oficial de las entidades federativas. De acuerdo con el “Índice del 2014 de acceso al gasto en publicidad oficial en las entidades federativas” elaborado por Fundar y Article 19, hasta 14 entidades no entregaron información o la entregaron de manera limitada. De igual forma, dentro de los principales hallazgos del índice se encuentran la declaración de inexistencia de información, la indebida e ilegal clasificación de la información como reservada, la referencia a información inexistente y, de lo más preocupante, el recurso de revisión no configura un medio efectivo para el acceso a la información. Dado el papel trascendental de la información por su influencia en el voto como mencionó Claudia Hernández, el derecho de acceso a la información se torna vital al permitir fiscalizar el gasto de los estados y así impedir que ellos acaben determinando de manera indirecta los resultados de un proceso electoral.

La siguiente fase del proceso electoral a analizar es la de conteo y tabulación de votos. En este proceso, lo que se requiere es la transparencia en la comunicación, transmisión y publicación de los resultados electorales. El derecho de acceso a la información tiene alta relevancia en esta fase como se vio en el caso relativo al conteo rápido y la metodología para lograrlo. Como bien narran César Hernández y Luis Salgado, el origen del problema radica en las características de esta elección, primordialmente su amplitud en número de cargos a seleccionar y el número de votantes, lo que generaría que realizar un conteo rápido fuera sumamente tardío. Esto generaría vacíos de información que podrían menoscabar la legitimidad de la elección. Ante esto, el INE propuso una metodología alterna que permitiría tener resultados tempranos, pero fue impugnada por diversos partidos y revocada por el TEPJF. Sin embargo, “…Ante el posible escenario de no proporcionar tendencias de resultados el día de la jornada electoral, y bajo la consigna de velar por el derecho a la información de los ciudadanos, el INE decidió emitir un nuevo acuerdo para garantizar la instrumentación del conteo rápido.” Consecuentemente, aquí podemos ver como el derecho de acceso a la información toma un rol vital en el proceso electoral mexicano. Nadie duda de que un conteo rápido y eficiente, como el que pretende lograr el INE, aumentaría indudablemente la legitimidad de la elección y de la democracia en México. Este caso es una de las mejores demostraciones de que el derecho de acceso a la información aumenta la legitimidad y confianza en las elecciones, fortaleciendo el régimen democrático y evitando posibles conflictos poselectorales. Citando a Dania Ravel sobre la difusión de resultados preliminares después de la jornada electoral:

…el INE también sació la necesidad ciudadana de información oportuna sobre las tendencias de los resultados de las votaciones a través del Conteo Rápido que se dio a conocer a las 11 de la noche. Éste permitió estimar con un alto grado de precisión, cuáles serían los rangos de votación que obtendría cada candidato, mucho antes de concluir el PREP. México, desde esta perspectiva, fue otro país antes y después de la divulgación de esos resultados. Pues con la divulgación del así llamado Conteo Rápido, y más aún en la misma noche de la elección, se logró dotar de certeza al desarrollo de la Jornada Electoral; se reivindicó la compleja labor de nuestras vecinas y vecinos que se desempeñaron como funcionarias y funcionarios de casilla, y se liberaron tensiones y suspicacias innecesarias.

El derecho de acceso a la información es relevante para diversos aspectos en específico de la última parte del proceso electoral, la resolución de conflictos. Primero, porque garantiza que se hagan públicas todas las decisiones, conclusiones y pruebas de los procesos judiciales, así como el argumento legal detrás de ellos. Segundo, la información respecto a los medios para interponer denuncias, así como su plazo, está disponible para los denunciantes potenciales. Y tercero, las partes involucradas tienen acceso a información objetiva sobre las denuncias y presuntas violaciones. Al igual que la fase anterior, podemos ver que el desempeño de las instituciones electorales ha sido positivo. El TEPJF así como el INE continúan trabajando y resolviendo cuestiones legales y conflictos electorales con bastante eficiencia. La sección de Crónica en el portal web del proyecto Crónica de las Elecciones Federales 2018 del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, por ejemplo, sigue publicando continuamente las diversas resoluciones de los órganos mencionados. Esto demuestra que el derecho de acceso a la información para los actores involucrados ha generado un mayor escrutinio público y una mejor certidumbre del proceso electoral.

Conclusiones

En este ensayo se buscó demostrar la importancia del derecho de acceso a la información para los procesos electorales democráticos, y particularmente, el que se llevó a cabo en México en el 2018. Como pudimos ver, el derecho de acceso a la información se tornó relevante para múltiples fases del ciclo electoral. En algunos casos, principalmente durante y posterior al día de la elección, el derecho de acceso a la información fue considerado de manera efectiva y permitió dar transparencia y legitimidad al proceso electoral en su totalidad. Lejos quedamos así de los diversos conflictos suscitados después de las elecciones. Sin embargo, existen diversos aspectos a mejorar. Principalmente, lo relativo a los gastos de campaña y en materia presupuestaria de los tribunales e institutos electorales locales. Es vital enfocar esfuerzos en esta dirección para mantener un proceso electoral libre y justo. No obstante, es reconfortante ver la tranquilidad democrática después del ciclo electoral, y el derecho de acceso a la información fue un amplio contribuyente al respecto.

Bibliografía

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HERNÁNDEZ, Claudia, “La comunicación política y su impacto en las elecciones”, Crónica Elecciones Federales 2018, México, 9 de abril de 2018, https://cronicaelectoral.juridicas.unam.mx/posts/post_index/315-la-comunicacion-politica-y-su-impacto-en-las-elecciones

MARVÁN LBORDE, María, “¿Por qué urgen los reportes de gastos de campaña?”, Crónica Elecciones Federales 2018, México, 22 de enero de 2018, https://cronicaelectoral.juridicas.unam.mx/posts/post_index/30-por-que-urgen-los-reportes-de-gastos-de-campanas

MÉNDEZ DE HOYOS, Irma, “Integridad electoral”, Crónica Elecciones Federales 2018, México, 26 de febrero de 2018, https://cronicaelectoral.juridicas.unam.mx/posts/post_index/799-la-nueva-mayoria-de-la-sala-superior

NIETO, Santiago, “La nueva mayoría de la Sala Superior”, Crónica Elecciones Federales 2018, México, 11 de junio de 2018, https://cronicaelectoral.juridicas.unam.mx/posts/post_index/799-la-nueva-mayoria-de-la-sala-superior

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PEDROZA, Susana, “Elecciones, transparencia y corrupción. Un trinomio de la democracia”, Crónica de las Elecciones Federales 2018, México, 5 de marzo de 2018, https://cronicaelectoral.juridicas.unam.mx/posts/post_index/218-elecciones-transparencia-y-corrupcion-un-trinomio-de-la-democracia

PEDROZA, Susana, “¿Democracia sin derechos humanos?”, Crónica Elecciones Federales 2018, México, 23 de marzo de 2018, https://cronicaelectoral.juridicas.unam.mx/posts/post_index/272-democracia-sin-derechos-humanos

RAVEL, Dania, “Impresiones sobre la Jornada Electoral y la difusión de los resultados preliminares”, Crónica Elecciones Federales 2018, México, 3 de julio de 2018, https://cronicaelectoral.juridicas.unam.mx/posts/post_index/956-impresiones-sobre-la-jornada-electoral-y-la-difusion-de-los-resultados-preliminares

SAAVEDRA LLADÓ, Daniel y David Humberto Jiménez Sánchez, “¿Qué se juega mañana?”, Crónica de las Elecciones Federales 2018, México, 30 de junio de 2018, https://cronicaelectoral.juridicas.unam.mx/posts/post_index/920-que-se-juega-manana

ANEXO

Figura 1

Figura 2

Figura 3

Figura 4

Figura 5

Morena y la elección del 2018. Primer lugar concurso de ensayo.

Wed, 14 Nov 2018 00:00:00 GMT

Morena y la elección del 2018. Primer lugar concurso de ensayo.

MORENA Y LA ELECCIÓN DEL 2018:

DE LA COALICIÓN ELECTORAL A LA BASE DE UN SISTEMA DE PARTIDO CARTELIZADO Y SU POSIBLE CONTRAPESO

“MAGDALENO”

SUMARIO: I. Particularidades de la Elección 2018. II. Nuevo Mapa Político de México. III. Los Resultados de la Coalición Juntos Haremos Historia (JHH) en las Elecciones al Congreso Federal. IV. Los Gobiernos Divididos producto de la Elección. V. Ante Una Nueva Integración del Congreso. VI. Sentando Las Bases de un Sistema de Partido ‘Cartelizado’. VII. Posible Contrapeso a Nivel Local. VIII. Conclusión. IX. Bibliografía.

I. Particularidades de la Elección 2018.

Las elecciones del 2018 han sido, sin lugar a duda, un suceso sin precedentes debido a varios factores. En primer lugar, por ser, según los datos del propio Instituto Nacional Electoral, las elecciones mas grandes de la historia debido a la gran cantidad de recursos (humanos y materiales) empleados para su realización. La lista Nominal de Electores para la elección constó de 89 millones 123 mil 355 electores (en la que participaron fue de casi 56 millones de ciudadanos, es decir el 63%) , para lo que se requirió de 1 millón 400 mil ciudadanas y ciudadanos que participaron como funcionarios de casilla y de la instalación de más de 156 mil casillas.

En segundo lugar por la gran cantidad de puestos de elección popular por los que se contendió, pues fueron 18,299 puestos los elegidos; de los cuales 629 fueron federales (1 Presidencia, 500 Diputaciones, 128 Senadurías) y 17,670 fueron a nivel local (1,596 Presidencias Municipales, 972 Diputaciones, 16 Alcaldías en la Ciudad de México, 8 Gubernaturas y 1 Jefatura de Gobierno, 1,237 Concejalías, 1,664 Sindicaturas, 12,013 Regidurías, 19 Regidurías étnicas, 24 Presidencias de juntas municipales, 24 Sindicaturas de juntas municipales y 96 Regidurías de juntas municipales).

En tercer lugar, por ser la primera elección Presidencial concurrente en la que se pusieron a prueba varios de los nuevos aportes de la reforma político-electoral del 2014. Como es el caso de las candidaturas independientes, modalidad de candidatearse en la que un total de 405 ciudadanos manifestaron su intención de convertirse en candidatos independientes a un cargo de elección federal, sin embargo, solo 46 de ellos lograron aparecer en alguna boleta. Otro producto relevante de la reforma que se implementó por primera vez en esta elección es la posibilidad de reelección, la cual fue una de las principales propuestas de diversos académicos mexicanos durante (al menos) los últimos 30 años. Del total de los estados, 30 de 32 contaron con esta posibilidad (exceptuada solo para los Gobernadores y Presidente de la República). Fueron un total de 2,245 cargos susceptibles de ser reelectos, los cuales se dividieron en: 1,380 ayuntamientos, 526 diputaciones de Mayoría Relativa y 339 de Representación Proporcional.

Y finalmente, por la amplia victoria que obtuvo la coalición Juntos Haremos Historia –JHH- no solo en la elección del Presidente de la República, donde obtuvo el 53% de las preferencias con 24 millones 127 451 votos , sino también en otras arenas electorales como Gobiernos de los Estados, Congresos locales, Congreso Federal y Municipios y Alcaldías.

II. El Nuevo Mapa Político de México

Como ya se mencionó, en esta elección la coalición electoral JHH obtuvo la Presidencia de la República además de 5 de las 9 gubernaturas en los siguientes estados: Ciudad de México, Chiapas, Morelos, Tabasco y Veracruz. Por lo que una vez que entren los gobiernos electos el nuevo mapa político nacional quedará conformado de la siguiente manera como se muestra en el Mapa 1: PAN, 11 estados (Baja California, Baja California Sur, Chihuahua, Durango, Nayarit, Guanajuato, Querétaro, Aguascalientes, Tamaulipas, Yucatán y Quintana Roo); PRI, 12 estados (Sonora, Sinaloa, Coahuila, San Luis Potosí, Zacatecas, Hidalgo, Colima, Estado de México, Tlaxcala, Oaxaca, Guerrero y Campeche); Morena, 5 estados (Ciudad de México, Chiapas, Morelos, Tabasco y Veracruz); PRD, 1 estado (Michoacán); Movimiento Ciudadano, 1 estado (Jalisco); e Independiente, 1 estado (Nuevo León).

III. Los Resultados de la Coalición Juntos Haremos Historia (JHH) en las Elecciones al Congreso Federal

Otro cambio importante es en el Congreso Federal, qué será el encargado de ser el contrapeso al Poder Ejecutivo Federal en los próximos años. La Coalición JHH, que incluye a MORENA, al PES y al PT obtuvo 302 diputados y 70 senadores. Por su parte, la coalición Por México al Frente, compuesta por el PAN, MC y PRD obtuvo 113 diputados y 38 senadores; y la Coalición Todos por México, integrada por el PRI, PVEM y PANAL, obtuvo 60 diputados y 20 senadores como se muestra en la tabla 1. La coalición JHS representó el 60.4% de los diputados y el 54.6% de los senadores.

COALICIÓN
DIPUTADOS
SENADORES
Juntos Haremos Historia (MORENA, PES, PT)
302
70
Por México al Frente (PAN, MC, PRD)
133
38
Todos Por México (PRI, PVEM, PANAL)
65
20
TOTAL
500
128
Tabla 1. Resultados por Coalición. Fuente: Elaboración propia con datos de Ma. del Pilar Hernández, IIJ-UNAM.

Por su parte, MORENA por si solo consiguió 165 diputados y 56 senadores; mientras que el PT 62 diputados y 6 senadores; y el PES 55 diputados y 8 senadores, como se muestra en la Tabla 2. Con lo que se puede observar que MORENA representó el 61% de los Diputados de su coalición y el 80% de los senadores de la misma. A nivel global MORENA por si solo representó en los resultados el 37% del total de los diputados y el 43.7% de los senadores.

Tabla 2. Resultados por Partido. Fuente: Elaboración propia con datos de Ma. del Pilar Hernández, IIJ-UNAM.

IV. Los Gobiernos Divididos producto de la Elección

Por otro lado, los congresos locales de varios estados también fueron renovados, esta configuración actual de los congresos locales puede observarse en la Tabla 3.

Teniendo en cuenta la configuración de los congresos locales y que, durante los últimos meses del 2018 estos se estarán integrando sin que aún entren en funciones los Gobernadores electos, se puede aseverar que algunos de ellos por unos meses tendrán que convivir en un dinámica de gobierno dividido con los gobiernos salientes, como es mostrado en la anterior tabla. Como bien lo ilustraron Alonso Lujambio y Horacio Vives, es casi un hecho que desde 1998 desaparecieron las mayorías calificadas monocolores en los congresos locales por lo que surgió la necesidad de construir coaliciones legislativas plurales por medio del debate, las negociaciones y los acuerdos. Tras la elección del 2018 los gobiernos divididos en México siguen siendo una realidad, sin embargo han disminuido. Tomando únicamente el cambio en los poderes legislativos pero manteniendo los gobernadores salientes, 6 estados del país no presentan un gobierno dividido (Aguascalientes, Baja California, Campeche, Guanajuato, Tamaulipas y Zacatecas) como se muestra en el Mapa 2. Sin embargo, una vez que entren los Gobernadores electos de Ciudad de México, Chiapas, Guanajuato, Jalisco, Morelos, Tabasco, Veracruz y Yucatán, serán 12 las entidades que no tendrán un gobierno dividido (Aguascalientes, Baja California, Campeche, CDMX, Chiapas, Guanajuato, Jalisco, Morelos, Tabasco, Tamaulipas, Veracruz y Zacatecas) como se observa en el Mapa 3.

V. Ante Una Nueva Integración del Congreso.

Si bien es cierto que desde 1998 las mayorías dejaron de ser compuestas por un solo partido en el Congreso, podemos entender que las coaliciones electorales pasan a ser coaliciones parlamentarias que permiten facilitar la toma de decisiones. En el momento en que los partidos tomaron protesta en el Congreso Federal se observó que se integraron de manera diferente a la de los resultados electorales del pasado 1 de julio que se presentaron, como se detalla en la Tabla 4 y Tabla 5. Los partidos Encuentro Social y PT (que componían la Coalición JHH), así como el PVEM, cedieron varios de sus Diputados a MORENA con lo que creció del 31% al 51% del total de los Diputados (255); de igual Manera en el Senado MORENA creció del 43% al 46% del total de los senadores. Por lo tanto la Coalición JHH pasó de contar con 302 Diputados (mostrado en los resultados del INE) a tener 313, lo que se traduce en el 62.6% de los escaños de la Cámara de Diputados.

Tabla 4. Diputados LXIV Legislatura. Fuente: Elaboración propia con datos del Sistema de Información Legislativa de la Secretaría de Gobernación.

El análisis anterior resulta en que, según la integración actual del Congreso, MORENA puede por sí solo aprobar leyes ordinarías y garantizar el quórum en la Cámara de Diputados al contar con más del 50%+1 de los escaños, mientras que en la Cámara de Senadores necesita de al menos 6 senadores más para cumplir con esta regla. Sin embargo, si se opera bajo el criterio de la Coalición JHH, obtienen un total de 70 senadores con los que fácilmente cumplen la regla de mayoría.

Mientras que para las votaciones que requieren una mayoría calificada, dos terceras partes de los miembros presentes, como las de las reformas constitucionales, se requiere en la cámara de Diputados 334 votos y 85 en el Senado. Por lo que MORENA e, incluso la coalición JHH, precisan de realizar las negociaciones y acuerdos pertinentes para poder sortear la regla de las dos terceras partes.

VI. Sentando Las Bases de un Sistema de Partido ‘Cartelizado’

La fuerza de un partido o coalición no solo puede ser medida por el número de legisladores con los cuenta. También existen otros factores dentro del congreso para determinar que tan fuerte es. En el año 2005 Gary Cox y Matthew McCubbins desarrollaron un trabajo sobre las bases teóricas de lo que llamarían “el cártel procedimental”. Su trabajo parte de que una estructura de disciplina partidaria resulta costosa por lo que se puede optar las ventajas procedimentales de las que goza un partido con mayoría en un Congreso, la principal de ellas el control de agenda para lograr sus metas. Es por eso que se le compara con el funcionamiento de un cártel, ya que monopoliza ese recurso para su beneficio propio.

Según los autores la manera de controlar la agenda que tiene el “partido cártel” puede ser de manera positiva por medio de comisiones o a través de la mesa directiva, donde se impulsan leyes, se pasan rápido y si se tiene una mayoría disciplinada en el pleno se aprueban rápidamente. Será de manera negativa cuando pasa lo contrario y se bloquean leyes, o se retrasan.

En pocas palabras se puede decir que el poder de agenda esta “cartelizado” cuando:

1.- el poder de agenda se delega a puestos en comisiones, comisiones de reglas, oficinas, y/o el presidente de la mesa directiva.

2- Los miembros del partido de mayoría aseguran esos puestos.

3.- Se actúa congruentemente con intereses del partido.

Esta lealtad hacia el partido se logra, “premiando” las lealtades cuando se coloca a miembros leales ciertas comisiones y quitando a quienes actúen deslealmente. El estar en una comisión es benéfico para un legislador que quiera seguir con su carrera ya que le da conocimiento sobre cierto tema, goza de presupuesto extra y le da información que otros no poseen; además de que puede reclamar el crédito ante su electorado por una ley exitosa impulsada por él o ella.

En el caso de MORENA y la coalición JHH en el Congreso Federal podemos ver cumplirse algunos de esos elementos. En primer lugar, por que MORENA y la Coalición de la que es parte tienen la mayoría simple en el congreso; en segundo lugar por que La presidencia de la Mesa Directiva en ambos órganos le pertenece a legisladores de MORENA; en tercer lugar por que la Coalición JHH tiene mayoría de miembros tanto en la Mesa Directiva del Senado como de la Cámara de Diputados frente a otras coaliciones (como se observa en la tabla); y en cuarto lugar por que MORENA y la Coalición JHH presiden el mayor número de comisiones legislativas respecto de otros partidos y coaliciones. Siendo que MORENA preside 21 de 42 comisiones en el Senado y 23 de 46 en la Cámara de Diputados; mientras que la coalición JHH preside 23 de 42 comisiones en el Senado y 29 de 46 en la Cámara de Diputados.

VII. Posible Contrapeso a Nivel Local

Ante la aparente fuerza de MORENA y la Coalición JHH en el Congreso Federal, no debemos olvidar otro punto importante para las reformas constitucionales que serán propuestas, ya que estas deben ser aprobadas no solo por ambas cámaras, sino también por el 50%+1 de los congresos de los estados (al menos 17). Para ello cada estado debe votar la reforma a la constitución federal según la regla que estipule su constitución local. Como se puede observar en la tabla 8.

Tabla 7. Reglas para Modificar Constitución Federal en los estados. Fuente: Elaboración propia con datos de las 32 Constituciones Locales.

Tomando en cuenta el requisito mínimo de votación de cada estado y la configuración de su congreso local se puede observar que la coalición JHH, cumple con la regla establecida en los siguientes 9 estados: Chiapas, Estado de México, Guerrero, Hidalgo, Morelos, Oaxaca, Sinaloa, Sonora y Tlaxcala (marcados de rojo en la tabla 9 y Mapa 4). Al mismo tiempo la coalición JHH, se encuentra muy cerca de cumplir con el requisito de votación en estos 8 estados: Baja California Sur, CDMX, Colima, Durango, Michoacán, Puebla, Tabasco y Veracruz (marcados con amarillo en la tabla 9 y mapa 4), pero precisa de otros factores como lo son la negociación o la ausencia de cierto número de legisladores de otra bancada.

En ese sentido, si la Coalición JHH o el Gobierno Federal entrante proponen una modificación constitucional se enfrentarán con que la Coalición Por México al Frente (compuesta por el PAN, PRD y MC) está muy cerca de cumplir la regla de votación en los siguientes 4 estados: Baja California, Guanajuato, Jalisco y Tamaulipas (marcados con azul en la tabla 9). Y de manera similar pero en menor medida la coalición Todos por México (PRI, PVEM, PANAL) se encontraría cerca de lograr la votación requerida en los estados de Campeche y Zacatecas (marcados con rojo en la tabla 9).

Tabla 8. Estados que Cumplen Regla para Modificar CPEUM. Fuente: Elaboración propia con datos de OPLES y Constituciones Locales.

VIII. Conclusión

Como se pudo observar en el presente en ensayo la fuerza de MORENA así como de la Coalición Junto Haremos Historia, no es la que aparenta ser de una aplastante mayoría cuando se ve en términos de legisladores que posee ya que se pueden observar espacios, como lo son el Senado y la Cámara de Diputados donde, se sigue precisando de acuerdos y negociación frente a otras fuerzas políticas cuando se busca la aprobación de dos terceras partes.

Por otro lado la fuerza del propio partido y la si puede verse abrumadora al sentarse las bases de su funcionamiento como el de un cártel procedimental, que monopolice los beneficios de tener las Presidencias de Mesa Directiva y la mayoría de comisiones.

Sin embargo, si se piensa que todo se encuentra a favor de MORENA y la Coalición de la que es parte en el Congreso Federal, aún existe otro mecanismo de control en el que se precisa de negociación. Alonso Lujambio no se equivocó cuando dijo que “el propio sistema federal constituye un elemento importante para aminorar el carácter mayoritario y excluyente de la democracia presidencial", pues los partidos derrotados a nivel nacional aún poseen las gubernaturas y congresos locales, tienen la opción de ser una oposición seria y un contrapeso real no solo a los poderes Ejecutivo Federal y locales sino también al Poder Legislativo Federal, como vemos en el caso de las aprobación de reformas constitucionales.

IX. Bibliografía

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Relación de trabajos recibidos. Categoría B: Posgrado

Sat, 06 Oct 2018 00:00:00 GMT

Relación de trabajos recibidos. Categoría B: Posgrado