Descripción
<p>¿Qué es la integridad electoral? Y ¿Por qué importa? La integridad electoral es una perspectiva que impulsa estándares internacionales de calidad de las elecciones democráticas. Parte de la evidencia cada vez más abundante sobre la existencia de democracias con elecciones “defectuosas” donde si bien se cumplen de manera general los principios de sufragio universal, y voto libre y secreto, subsisten las malas prácticas electorales como el uso de recursos públicos, la compra y coacción del voto, el uso de programas sociales con fines electorales, el uso de recursos ilícitos, la discriminación, entre otros. Frente a ello la perspectiva de integridad propone impulsar en primer término la incorporación paulatina de normas en las legislaciones de cada país que reflejen criterios de género, respeto a los derechos humanos, medidas amplias para garantizar el voto libre y la equidad política, y al mismo tiempo combate frontal y claro a las malas prácticas electorales que erosionan la calidad democrática de las elecciones. En segundo lugar propone impulsar medidas para promover la aplicación efectiva de la ley con perspectiva de integridad, y finalmente, promueve la internacionalización de las normas en la cultura social y política de los diversos países.</p><p>En las últimas dos décadas, las elecciones en México han cambiado dramáticamente. La transición a la democracia significó transitar de comicios manipulados y controlados por el gobierno a elecciones democráticas, es decir libres, limpias, transparentes y competitivas. El proceso se consolidó primero a nivel federal y después local. El establecimiento de órganos de administración electoral independientes y la aprobación de nuevas leyes electorales, así como el surgimiento de múltiples opciones partidistas han creado el piso básico para tener elecciones democráticas. Sin embargo es claro que, las elecciones no son totalmente limpias. Las malas prácticas no han desaparecido y aunque son más selectivas, producen elecciones viciadas donde concurren escándalos de malversación de recursos públicos, sesgo en los medios de comunicación, cantidades extraordinarias de dinero gastadas durante las campañas, así como múltiples acusaciones por la coacción y compra de votos.</p><p>El contexto de competitividad política, la fragilidad de la fiscalización de los recursos de los partidos y la débil sanción social hacia las malas prácticas electorales, no permiten ser optimistas respecto a la presencia de este tipo de prácticas en las elecciones de 2018. Al ser una elección tan amplia y compleja por la enorme cantidad e importancia de los puestos en disputa, cerca de 3400, es difícil no advertir que los partidos y candidatos harán hasta lo imposible por ganar, y por ello estarán dispuestos a echar mano de malas prácticas como el uso (simulado) de recursos públicos para sobornar a votantes o coaccionarlos para moldear su preferencia electoral, entre muchas otras.</p><p>Frente a ello, los órganos electorales están obligados a garantizar la aplicación expedita, eficaz y no sesgada de la ley para elevar los costos de violarla, mientras que los ciudadanos debemos estar dispuestos a castigar ese tipo de prácticas que erosionan la calidad de nuestra democracia a través del mejor instrumento que tenemos el 1 de julio de 2018: el voto. Castigar a los partidos o candidatos por su falta de integridad y su uso indiscriminado de prácticas antidemocráticas es una decisión al alcance de todos los ciudadanos.</p><p> </p><p style="text-align: right;">*FLACSO México</p>
