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dc.contributorFernández Hernández, Césares_MX
dc.date.accessioned2018-03-07T18:48:53Z
dc.date.available2018-03-07T18:48:53Z
dc.date.issued2018-03-07es_MX
dc.identifier.urihttp://ru.juridicas.unam.mx:80/xmlui/handle/123456789/1328
dc.description<p>Durante la campa&ntilde;a para las elecciones presidenciales en el a&ntilde;o 2005, hubo diversas voces denunciando que el presidente Fox continuara con la lamentable tradici&oacute;n de influir en las elecciones desde su posici&oacute;n y usando a las instituciones del estado.&nbsp;</p><p>Lo anterior se origin&oacute; en los intentos del presidente panista para lograr el desafuero del candidato Andr&eacute;s Manuel L&oacute;pez Obrador. Todo el proceso electoral llev&oacute; a que, cuando el Tribunal Electoral confirmara su derrota, el entonces candidato del PRD exclamara: &ldquo;que se vayan al diablo con sus instituciones.&rdquo;&nbsp;</p><p>Dos sexenios despu&eacute;s, este uso faccioso y pol&iacute;tico de las instituciones mexicanas en diversos &aacute;mbitos contin&uacute;a siendo la tradici&oacute;n del partido en el poder. Jes&uacute;s Silva-Herzog analiz&oacute; recientemente esta situaci&oacute;n y explic&oacute; como lo que L&oacute;pez Obrador pon&iacute;a en duda con su exclamaci&oacute;n es el &aacute;mbito de neutralidad de las instituciones, siendo esta la base del orden liberal.&nbsp;</p><p>&ldquo;Para la existencia de una democracia liberal que merezca ese t&iacute;tulo es indispensable contar con instancias de imparcialidad: reglas que permitan el juego de las alternativas, procedimientos que garanticen la vigencia de los derechos, &aacute;rbitros que no lleven puesta la camiseta de uno de los equipos&rdquo;, afirma Silva-Herzog.&nbsp;</p><p>Estos &uacute;ltimos meses hemos visto como el Ejecutivo Federal, a trav&eacute;s de la PGR, la Secretar&iacute;a de Hacienda, y el CISEN, ha utilizado a estos &aacute;rbitros, a estas instituciones y a estas reglas para atacar de manera directa al candidato de la Coalici&oacute;n por M&eacute;xico al Frente, Ricardo Anaya, y a sus aliados, como el gobernador panista por el estado de Chihuahua, Javier Corral.</p><p>Todos estos eventos nos demuestran que las instituciones del estado no tienen la imparcialidad necesaria para un verdadero orden liberal en M&eacute;xico, que es al que se ha intentado aspirar desde la transici&oacute;n. Pero lo preocupante es la falta de soluciones propuestas por los candidatos a la presidencia.</p><p>Jos&eacute; Antonio Meade es el mayor c&oacute;mplice en este actuar de las instituciones del estado, al ser su partido el que lo est&aacute; realizando, adem&aacute;s de que en su Plataforma Electoral no se vislumbra ninguna propuesta clara de intervenci&oacute;n ciudadana y/o despolitizaci&oacute;n de instituciones.</p><p>Andr&eacute;s Manuel L&oacute;pez Obrador no propone cambios en el sistema pol&iacute;tico como tal. Su mayor aportaci&oacute;n al respecto recae en la secci&oacute;n de Gobierno Abierto de su Proyecto de Naci&oacute;n 2018-2024, con conclusiones preocupantes.</p><p>En su visi&oacute;n, la &ldquo;ciudadanizaci&oacute;n&rdquo; del gobierno acarrea una serie de problemas de coordinaci&oacute;n y de nivel presupuestario, sobre todo por la proliferaci&oacute;n de instituciones y de burocracia, as&iacute; como solapamiento de atribuciones que lleva a confusiones constantes.&nbsp;</p><p>Tomando en cuenta que, en efecto, el dise&ntilde;o de los &oacute;rganos aut&oacute;nomos y de las instituciones ciudadanas tienen grandes deficiencias, el an&aacute;lisis es preocupante. Esto ocurre ya que en ning&uacute;n momento se propone evitar que las instituciones del estado sufran el mismo uso faccioso y pol&iacute;tico de cada a&ntilde;o. M&aacute;s a&uacute;n, parece que ciudadanizar las instituciones es m&aacute;s un problema que una soluci&oacute;n.&nbsp;</p><p>Por eso, su propuesta de dar mayor alcance a las consultas populares parece ser simplemente una medida improvisada que no busca atacar los problemas sist&eacute;micos de las instituciones del estado.&nbsp;</p><p>Lo anterior ocurre porque, en su propuesta, &uacute;nicamente se busca ampliar los temas a tocar en las consultas, pero manteniendo el r&iacute;gido y restrictivo proceso donde la validez constitucional (determinada por la SCJN) o la vinculaci&oacute;n de los resultados (es necesaria que la participaci&oacute;n total corresponda al menos al 40% de los ciudadanos inscritos en la lista nominal) son muy dif&iacute;ciles de conseguir.&nbsp;</p><p>Por otra parte, en toda la secci&oacute;n de Gobierno Abierto no pretende ning&uacute;n cambio legislativo, m&aacute;s all&aacute; del mencionado respecto a las consultas populares. Es decir, no existe un esfuerzo reformista alguno para evitar la situaci&oacute;n actual y que se viene repitiendo cada sexenio respecto a las instituciones del estado.&nbsp;</p><p>Ricardo Anaya, en cambio, sigue una l&iacute;nea democratizadora, buscando consensos de manera continua en la mayor&iacute;a de la Plataforma Electoral de la Coalici&oacute;n, pero esta tambi&eacute;n es una soluci&oacute;n equivocada.</p><p>El error de la b&uacute;squeda de consensos para asegurar el correcto funcionamiento de las instituciones recae en las diversas implicaciones del proceso. Ha habido diversos an&aacute;lisis de como la asignaci&oacute;n de presupuesto en la C&aacute;mara de Diputados es el ep&iacute;tome del clientelismo, teniendo como resultado la casi unanimidad en la aprobaci&oacute;n del presupuesto, pero despu&eacute;s de un proceso de negociaci&oacute;n y corrupci&oacute;n en la repartici&oacute;n de esos recursos.&nbsp;</p><p>Imaginemos lo anterior, pero con la propuesta de ratificaci&oacute;n del gabinete presidencial por el Congreso, como est&aacute; estipulado en la Plataforma Electoral de la Coalici&oacute;n. Tendr&iacute;amos a todo un gabinete aprobado con una mayor&iacute;a contundente, pero con una serie de negociaciones y acuerdos por debajo de la mesa que no ayudar&iacute;a a potenciar nuestra democracia como tal y mermar&iacute;a el de por si bajo desempe&ntilde;o de las instituciones del estado. La corrupci&oacute;n y el clientelismo para otorgar la aprobaci&oacute;n a uno u otro miembro del gabinete solo empeorar&iacute;a la situaci&oacute;n.&nbsp;</p><p>Como ha analizado Roberto Gargarella, cada control constitucional, cada contrapeso, se ha vuelto un nicho de corrupci&oacute;n. Y en vez de que la separaci&oacute;n de poderes lleve a que la ambici&oacute;n controle a la ambici&oacute;n, se genera un mal compuesto, una clase pol&iacute;tica que solo act&uacute;a para s&iacute; misma desde los Poderes de la Uni&oacute;n.&nbsp;</p><p>Por otro lado, las designaciones tanto de ese posible futuro gabinete, tanto ahora con el Fiscal Anticorrupci&oacute;n, el Fiscal General o el Titular de la Auditor&iacute;a Superior de la Federaci&oacute;n, representa el gran problema de los consensos. No es sorpresa imaginar que cada partido intercambie sus votos, y la garant&iacute;a de protecci&oacute;n respecto a las facultades de esas instituciones, a otros partidos, a cambio de la designaci&oacute;n de una de estas figuras, todo con el objetivo de protegerse entre ellos mismos.&nbsp; Esta es la ejemplificaci&oacute;n m&aacute;s clara del mal compuesto.</p><p>Las propuestas de los candidatos no pretenden rescatar el orden liberal del que habla Silva-Herzog. Debemos de notar la realidad pol&iacute;tica de que la b&uacute;squeda de consensos pol&iacute;ticos para la conformaci&oacute;n de las instituciones no va a rescatar a la democracia liberal.&nbsp;</p><p>Una genuina democracia de esa naturaleza necesita no solo que los ciudadanos empujen por cambios y designaciones transparentes en las instituciones del estado, sino que se adue&ntilde;en de ellas.&nbsp;</p><p>Para ello, es necesario un fuerte Estado de Derecho que proteja los derechos civiles de los ciudadanos ante la amenaza reaccionaria de las instituciones facciosas del estado.&nbsp;</p><p>El problema recae en que la protecci&oacute;n de esos derechos corresponde a las mismas instituciones politizadas y nocivas, como es el caso de la PGR. Por eso, es vital seguir y apoyar a la sociedad civil en luchas tan importantes como el Sistema Nacional Anticorrupci&oacute;n y la Fiscal&iacute;a General.&nbsp;</p><p>El sistema pol&iacute;tico en M&eacute;xico, la l&oacute;gica clientelar emanada por este, sus actores principales y sus candidatos, seguir&aacute;n siendo obst&aacute;culos para salvar al incipiente orden liberal mexicano, pero la ciudadan&iacute;a es y ser&aacute; el factor decisivo en esta lucha pol&iacute;tica e institucional.&nbsp;</p><p>Los partidos claramente no quieren reformar las instituciones, puesto que podr&aacute;n hacer uso de ellas en el futuro, de la misma forma en que lo han hecho los partidos que han llegado al poder.</p><p>Con las elecciones aproxim&aacute;ndose, debemos de estar atentos de las propuestas de reforma de las instituciones del estado. Sin una propuesta de ciudadanizaci&oacute;n efectiva, o si quiera de imparcialidad institucional, corremos el riesgo de que la historia se repita, y que nunca podamos pasar de una democracia electoral a una plena democracia liberal.&nbsp;</p><p style="text-align: right;">*Centro de Estudios Alonso Lujambio, ITAM</p>es_MX
dc.formatimage/jpeges_MX
dc.language.isoeses_MX
dc.publisherUniversidad Nacional Autónoma de México. Instituto de Investigaciones Jurídicases_MX
dc.subjectEleccioneses_MX
dc.titleEl impacto de esta elección para el orden liberal mexicanoes_MX
dc.typeWorking Paperes_MX


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