Descripción
<p>Caras vemos, mañas sí sabemos. Como es consabido, los tres aspirantes que podrían aparecer en la boleta presidencial son tránsfugas de partidos políticos: Jaime Rodríguez “El Bronco” proviene del PRI, Margarita Zavala del PAN y Armando Ríos Piter del PRD. Y es que en estos tiempos es muy taquillero el discurso antipartidos. Para un oportunista, eso es demasiada tentación. Por eso fingen que mutaron de piel. Por eso desfiguran la vía independiente, originalmente diseñada para abrir camino político a la sociedad civil.</p><p> <br />En su momento, estos tres aspirantes “independientes” se lanzaron –en su estilo– a despotricar contra la partidocracia corrupta a la que hacía cinco minutos pertenecían. Hoy desconocen su escuela y patean el pesebre. Pegan el grito en el cielo por el financiamiento que reciben los partidos, ahora que no son beneficiarios. Es un discurso vistoso. Una arenga cacha-incautos. Pero no es su pasado lo que mejor los delata, es su comportamiento. Veamos los datos que dio el Instituto Nacional Electoral tras concluir la fase de recolección de apoyos ciudadanos:</p><p> <br />–“El Bronco”. Total de firmas: 2’034,453. Irregulares: 824,484 (40.5%). </p><p> <br />–Armando Ríos Piter. Total de firmas: 1’765,754. Irregulares: 606,240 (34.3%).</p><p> <br />–Margarita Zavala. Total de firmas: 1’578,783. Irregulares: 511,603 (32.4%).</p><p> <br />En su lucha por aparecer en la boleta, estos tres personajes sumaron juntos la friolera de 1’942,327 anomalías. Esta cifra supera, por ejemplo, la población completa del estado de Zacatecas. Me temo que esto debe constituir alguna clase de récord mundial que nutre aún más el descrédito que tiene la política en nuestro país. ¿Cuántas de estas firmas son errores humanos? ¿Cuántas son prácticas fraudulentas? ¿Cuántas implican delitos electorales?</p><p> <br />Hay distintas teorías. Según Ríos Piter son “errores de captura”. De estar en lo cierto, quedaría en evidencia la ineptitud del INE y habría que tirar esa “app” a la basura lo antes posible. Pero la pregunta es: ¿Y entonces por qué María de Jesús Patricio “Marichuy” o Pedro Kumamoto –por citar dos ejemplos– tuvieron un porcentaje bajísimo de firmas irregulares, siendo que utilizaron la misma aplicación?</p><p> <br />Más creíble es la tesis de “El Bronco”. Dice que fueron “travesuras” –sic– de los auxiliares encargados de recabar las firmas, es decir, del equipo de trabajo que él mismo registró ante el INE. No precisó, por supuesto, la distinción entre los términos “travesura”, “trampa” y “delito electoral”. Lo cierto es que cualquier aspirante tiene responsabilidad –al menos indirecta– sobre la conducta de su equipo de auxiliares.</p><p> <br />Ahora bien, las cifras que acabamos de ver sólo corresponden a los apoyos ciudadanos no encontrados en la lista nominal de electores. Pero las firmas que provisionalmente se tenían por “buenas” también presentan anomalías y, de hecho, algunas de éstas son de extrema gravedad (así lo adelantó la consejera del INE, Adriana Favela). Es decir: estamos ante algo semejante a lo que ocurrió con muchos aspirantes a diputaciones federales que ya están formalmente acusados ante la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (FEPADE).</p><p> <br />La merma numérica adicional podría impedir al “Bronco”, a Margarita Zavala y a Ríos Piter alcanzar el famoso umbral de 866,593 firmas (nota: el primero de ellos ya casi lo alcanza, ¡pero de firmas irregulares!). Igual podrían perder la dispersión territorial exigida por la ley: 1% de la lista nominal en cuando menos 17 entidades federativas. </p><p> <br />Pero, al margen de eso, las trampas ameritan por sí mismas un castigo. En caso de que se acrediten acciones fraudulentas como haber echado mano del mercado negro de padrones y/o de credenciales, o haber realizado plantillas para falsear los apoyos, esos hechos bastarían para proceder contra los infractores en dos vías paralelas:</p><p> <br />Por lo que hace al INE, procede la negativa del registro (o sea, no aparecer en la boleta) y la imposición de multas (artículos 446-1, incisos “a” y “j”; y 456-1, inciso “d”, Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales). Al mismo tiempo se debe actuar por la vía penal a través de la FEPADE. Esta clase de conductas constituyen delitos electorales que están sancionados con penas que oscilan entre tres y siete años de prisión (artículo 13, fracción II, Ley General en Materia de Delitos Electorales).</p><p> <br />El veredicto final del INE está por conocerse en fecha próxima. Éste incluirá también los resultados de la fiscalización a los ingresos y egresos de los aspirantes. Es justo decir que la autoridad electoral ha transparentado muy bien la recolección de firmas por independientes, al grado de subir a Internet reportes diarios de avance en todos los cargos federales de elección. Es esperable y exigible que el Instituto siga en la misma tónica.</p><p> <br />Desde la “caída del sistema” en 1988, hay un lujo que la autoridad electoral no puede darse: guardarse información para sí. La ciudadanía tiene derecho a conocer con precisión en qué consistieron las trampas cometidas por cualquier aspirante a un cargo de elección popular. También requerimos que el INE, la FEPADE y el Tribunal Electoral apliquen la ley al margen de cálculos políticos.</p><p> <br />El derecho a ser votado tiene límites. Uno de ellos es violentar la ley. Quien hizo trampa tiene que ser castigado. No caben excepciones.</p><p> </p><p style="text-align: right;"><br />* Académico en la UNAM. Profesor de derecho electoral.</p><p> </p>
