Descripción
<p>El 16 de marzo de 2018 el Instituto Nacional Electoral sufrió una fuga ilegal de información. A alguien le pareció buena idea filtrar los resultados sobre las firmas de aspirantes independientes a la Presidencia de la República. Cuatro horas antes de iniciar la respectiva sesión de la Comisión de Prerrogativas y Partidos Políticos (según la agenda institucional), conocimos los resultados por otra vía: un tuit del afamado periodista Carlos Loret de Mola quien –por supuesto– cumplió con su deber de informar.</p><p>Y claro, como dijo Newton, a toda acción corresponde una reacción. En ese inter se dejó venir una réplica virulenta de los aspirantes a los que el tuit desfavorecía, a saber: Jaime Rodríguez “El Bronco” y Armando Ríos Piter. El primero escribió que la decisión estaba despertando al “México bronco”. El segundo tachó al INE de parcial y falto de credibilidad en caso de que los resultados se confirmaran horas más tarde: “más vale que esa información no sea cierta”, dijo en un video. En opinión de muchos, eran presiones para que el INE revirtiera los datos ya filtrados.</p><p>Para que dimensionemos la gravedad del asunto, baste con imaginar ciertos escenarios similares la noche del primero de julio en relación con el conteo rápido que anunciará el INE sobre el resultado de la elección presidencial. Por salud, no entremos en detalles de lo que podría suceder si se repitiera algo como lo ocurrido el viernes pasado. La pesadilla es demasiado grande. Es cierto que el conteo rápido tiene mecanismos reforzados para blindar la información, pero el episodio no deja de preocupar. Porque esta fuga, además, nutre la fuerza de “fake news” futuras.</p><p>La gobernabilidad y la estabilidad democrática de México no son un juego, pero hay quien se comporta como si lo fuera. La irresponsabilidad de la persona que filtró la información es absoluta.</p><p>Por si le importa al microbio en cuestión, su conducta encaja en el tipo penal previsto en la fracción II del artículo 8 de la Ley General en Materia de Delitos Electorales: “Se impondrá de cincuenta a doscientos días multa y prisión de dos a seis años, al funcionario electoral que:(…) II. Se abstenga de cumplir, sin causa justificada, con las obligaciones propias de su cargo, en perjuicio del proceso electoral” (…).</p><p>El bien jurídico tutelado –lo dice la misma ley penal– es “el adecuado desarrollo de la función pública electoral”. Por principio de cuentas, la filtración viola los principios constitucionales de certeza, legalidad e independencia que rigen a los órganos electorales.</p><p>La Ley General de Responsabilidades Administrativas precisa el deber que tiene todo servidor público de “custodiar y cuidar” la información que tenga bajo su responsabilidad, y evitar su uso indebido. También las leyes (general y federal) en materia de transparencia y acceso a la información pública obligan a “proteger y resguardar” la información reservada hasta en tanto no se adopte la decisión definitiva.</p><p>Esos son algunos de los fundamentos legales con los que esta semana presenté, en mi calidad de ciudadano, una denuncia penal ante la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (FEPADE) en contra de los consejeros del INE y/o quien resulte responsable.</p><p>El tamaño y la complejidad de este proceso electoral impone como nunca a las autoridades un deber de cuidado en la información. No es admisible que la vileza de un consejero demerite el trabajo de miles de verdaderos servidores públicos y de casi un millón y medio de ciudadanos que van a colaborar con el INE en las casillas el día de la elección. No tengo duda de que el fiscal electoral, Héctor Díaz Santana, también lo entiende así.</p><p>De ahí la importancia de que la FEPADE deslinde con agilidad las responsabilidades penales del caso, a fin de proteger las fases siguientes del proceso. El propio INE ha dicho en diferentes ocasiones que la aceptación del resultado de las votaciones contribuye a preservar la estabilidad y la paz social. No es una exageración. Por eso es necesario que la Fiscalía cite a declarar a los once consejeros y a otros funcionarios vinculados al asunto. Que despliegue una investigación a fondo con la verdadera intención de dar con el culpable.</p><p>El INE es una institución crucial en el devenir democrático de México. Tiene una de las estructuras operativas más eficaces en todo el mundo. Urge extirpar de ese Instituto al “alto funcionario” que, en forma ilegal e irresponsable, está lastimando la credibilidad de las elecciones y abriendo temibles flancos de riesgo. Esto no debe pasar otra vez.</p><p style="text-align: right;">*Académico en la UNAM. Profesor de derecho electoral.</p><p> </p>
