Violencia electoral y libertad de expresión y comunicación

URI

http://ru.juridicas.unam.mx:80/xmlui/handle/123456789/1642

Colecciones

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Opiniones [153]

Fecha

2018-05-07

Autor

Pedroza de la Llave, Susana Thalía

Temas

Violencia política

Descripción

Uno de los temas que seguramente será prioritario en los trabajos de la próxima legislatura después de las elecciones de este 2018 es, sin duda alguna, la regulación actualizada de las normas jurídicas electorales, específicamente de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, en materia de propaganda electoral.   Ha sido por demás evidente el clima electoral que se vive en México con un muy alto grado de violencia verbal y escrita, especialmente a través de los diversos medios de comunicación y de las redes sociales, algo que consideramos violencia electoral en tanto se integra bajo las siguientes premisas: 1) se presenta durante el proceso electoral; 2) se refiere al ejercicio de la libertad de expresión y de comunicación, y 3) tiene como propósito persuadir sobre las preferencias electorales del comunicador.   El problema parece requerir de una regulación más exigente o estricta que garantice los derechos fundamentales establecidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos pero que, al mismo tiempo, estos derechos no sean utilizados como un escudo de la impunidad.  Durante este proceso electoral, hemos sido testigos de una violencia desmedida a través de los medios de comunicación, el internet y las redes sociales que indignan por supuesto en todos los ámbitos sociales, políticos, académicos y personales. Hoy en día una perspectiva de la salud aborda su estudio identificándola como salud objetiva (que se presenta en la persona que sufre la violencia) y como salud subjetiva (aquella derivada de la violencia que tiene consecuencias en la sociedad).  México es un país de libertades, pero todas y todos estamos obligados a ser respetuosos del Estado constitucional, democrático y de derecho, y no solo las instituciones públicas y las y los servidores públicos. A ese respecto, la sociedad en su conjunto y especialmente las y los ciudadanos debemos ser los primeros vigilantes de la actividad del Estado, sus instituciones y servidores públicos, pero también tenemos que dar muestra de una madurez democrática.  De esa madurez que nos hace ética, moral y jurídicamente responsables de nuestros actos en contra o en favor de la democracia y, en la que la violencia -en cualquiera de sus formas- debe ser rechazada, condenada y desterrada. Así, la condena política y social que se hace contra la violencia verbal y escrita que surge a través de los medios de comunicación y de las redes sociales, pasa a formar parte de una muy peligrosa y grave normalidad que en nada beneficia a la democracia durante los procesos electorales.  Este proceso electoral no está vacunado contra el tipo de expresiones (verbales o escritas) que incitan a la violencia, provocan el miedo en la sociedad, acusan falsamente, distorcionan la verdad, etcétera, so pretexto del ejercicio de una libertad de expresión y/o de la comunicación.   En estas elecciones las instituciones, particularmente las electorales, como el Instituto Nacional Electoral, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales de la Procuraduría General de la República, tienen la altísima responsabilidad de asumir el papel de verdaderos árbitros electorales desde sus respectivas competencias y atribuciones.   La sociedad, por otro lado, tiene el derecho al ejercicio de la libertad de expresión y de comunicación pero, sobre todo, tiene el deber de abstenerse de realizar expresiones de odio, violencia, intolerancia, humillación, discriminación y cualquier otro acto que tienda a atacar o provocar un daño a la integridad y seguridad de las personas, sean candidatos(as), actores políticos, autoridades, intelectuales, academicos(as) o cualquier persona.  Debemos abonar a nuestra democracia y exigir a la y los candidatos a la Presidencia de la República, así como a todas las y los candidatos de estas elecciones de 2018, poner el ejemplo de civilidad democrática, del rechazo y condena a la violencia o la incitación a la violencia de cualquier forma, a través de acciones que den muestra de su verdadero interés por la no violencia. México requiere que su gente viva con agrado la fiesta democrática de las elecciones con unidad nacional, no a través de la radicalización de conductas e ideas de personas o de grupos que pueden originar muchas y graves consecuencias para la llamada salud subjetiva, es decir, la que causa consecuencias en la sociedad.   La propaganda electoral no es algo referente solo a las instituciones, los partidos políticos y las y los candidatos, es una actividad que compete también a las y los ciudadanos, de ahí la importancia de ejercer los derechos a la libertad de expresión y de comunicación con responsabilidad y, en todo caso, asumir las responsabilidades de dichos actos. Persuadir al electorado para que vote por las o los candidatos de nuestra preferencia no es -desde luego- un factor malo o negativo per se, siempre que esa persuasión no se valga de la violencia como método para promover actitudes, inducir o ejercer influencia en algunos, para que se cause daño a la dignidad e integridad de otros.   La cultura democrática posee un significado de tal magnitud que debe ser promovida desde todos los espacios y en todos los momentos, pero siempre anteponiendo el respeto a las libertades como base de toda expresión, incentivar el debate público y respetuoso de ideas, proyectos, propuestas y soluciones a los grandes males que enfrenta nuestro país, esto debe ser la piedra angular de nuestro Estado constitucional, democrático y de derecho.   *Investigadora titular “B” del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM; coordinadora general de la División de Estudios de Posgrado y del CIJUREP de la Universidad Autónoma de Tlaxcala, e investigadora nivel III del Sistema Nacional de Investigadores (SNI)

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