Descripción
<p>Un mensaje de WhatsApp evidenció la fragilidad en la que gobierno mexicano ha sometido a nuestra democracia. Al observar el tweet, los comunicados y el video publicado por la primera instancia que se supone tendría que ser imparcial, me quedé perplejo. Desde una institución del Estado se desarrolla un ataque en contra de un candidato a la Presidencia de la República. Sin más datos que dos testimonios filtrados a la prensa. Sin determinación ministerial, sin decisión judicial alguna. Sin pensar en las faltas al código de ética o las faltas administrativas o penales, que al parecer él si puede cometer sin tener repercusiones. Porque parece que en México hay apellidos que tienen protección institucional, beneficios que al apellido Anaya no le corresponde. </p><p>Primero hay que decir que, por supuesto, si hay un delito se tiene que investigar sin importar quien sea el indiciado, eso es evidente. Pero no se pueden constituir pruebas ni generar culpables. ¿Qué hizo mal el todavía encargado del despacho de PGR? Primero, violó la secrecía en la comunicación entre abogado y cliente. Grabó y difundió en forma pública sin el consentimiento de los involucrados un video. Por esa misma acción, el Juez Baltazar Garzón fue destituido e inhabilitado por once años. Claro, España es una democracia más consolidada que la nuestra. Segundo, violó el debido proceso. El fiscal no se identifica. No lee la carta de derechos. Nunca le menciona que hay una investigación en su contra o el status de la misma. Pero si exige una declaración. Como si Ricardo Anaya fuera un imputado. Como si el Estado de Derecho no existiera para los opositores al régimen. Tercero, viola la presunción de inocencia y la imparcialidad ministerial, al difundir los comunicados y el video vía WhatsApp a los medios de comunicación y pretender hacer pasar a alguien como delincuente. Cuarto, si por “interés social” la PGR decidió hacer público el video, ¿Dónde está el acta del Comité de Transparencia que determinó aperturar la investigación o las grabaciones institucionales? Quinto, el trato desigual: ¿por qué no se ha iniciado o difundido nada por los desvíos de Rosario Robles en SEDESOL y SEDATU, de Roberto Sandoval, del caso Odebrecht o cualquier otro detectado por la Auditoría Superior de la Federación?</p><p>Es evidente que ante la caída abrupta y permanente de la popularidad del gobierno, la PGR decida atacar al candidato a la Presidencia que se encuentra en el segundo lugar en las preferencias electorales, según el 80% de las encuestas. para después generar un discurso de miedo e ir a buscar al electorado contrario a López Obrador. </p><p>En pocas palabras: Hoy es Ricardo Anaya. Mañana López Obrador. Pasado mañana cualquier comunicador, académico o persona que estamos en contra de una forma de gobierno que se conduce con una dinámica de clan y no con visión de Estado. Y esto debe preocuparnos como sociedad. Recordemos el cuento de Martin Niemoller que también se le atribuye a Bertolt Brecht que en alguna de sus versiones dice: “Primero se llevaron a los judíos, pero a mi no me importó porque yo no era; luego se llevaron a los comunistas, pero como yo no era tampoco me importó … Hoy vienen por mi y ya es demasiado tarde”. Por eso, los demócratas de México, donde quiera que nos encontremos, con independencia de las ideologías o preferencias políticas, debemos utilizar todos los medios a nuestro alcance para denunciar el uso faccioso y electoral de la procuración de justicia. </p><p>El problema del uso político de las instituciones es que debilita al Estado de Derecho y genera pérdida de legitimidad. Crece la desconfianza ciudadana. Quien instruyó al encargado la operación contra Anaya no entiende que no se puede buscar ganar las elecciones con el costo de destruir a las instituciones. Pero parece que no entienden que no entienden como funciona la democracia. </p><p>En ese contexto, la resolución de la comisión de quejas y denuncias del INE, es un bocanada de aire fresco en el proceso electoral. La instrucción a la PGR de bajar la información de los 34 tweets, los tres comunicados, el video ilegal, es a la vez un mensaje claro de que no deben utilizarse las instituciones para fines antidemocráticos. Afortunadamente, la reacción social ha sido mayoritaria en condenar el uso faccioso de la procuración de justicia en contra de Ricardo Anaya y de apoyo al INE por su decisión. Eso es esperanzador.</p>
